Tanto la Fiscalía como un juez de un tribunal de Guatemala avanzaron, por caminos distintos, en sendas investigaciones contra el presidente electo de ese país centroamericano, Bernardo Arévalo.

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La Fiscalía entregó  este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe de la investigación sobre supuestas anomalías por las que considera «nulas» las elecciones ganadas por Arévalo en el verano (boreal) pasado.

Ello siguió al anuncio del viernes de la Fiscalía cuando dijo que había detectado irregularidades en el escrutinio de votos de la primera vuelta electoral de junio, aunque la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, matizó ese mismo día que los resultados de los comicios «son inalterables» y que Arévalo debe asumir el poder el 14 de enero.

Pero, la víspera, «la Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió a la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, la investigación que en materia penal ha desarrollado la fiscalía, a efecto que luego del análisis, puedan adoptar la decisión que consideren conveniente», trascendió.

De acuerdo a la Fiscalía, hubo una serie de anomalías en las acta finales de cierre de escrutinio en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlamento Centroamericano.

Entretanto, un juez  sentenció este lunes a dos años y medio de cárcel a un funcionario electoral por el supuesto caso de las firmas falsas utilizadas para la conformación del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo de León.

Según diversos expertos y el mismo Arévalo de León, este caso de las presuntas firmas falsas se enmarca en los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por evitar que el presidente electo tome posesión el próximo 14 de enero.

La sentencia, ordenada por el juez penal Fredy Orellana, fue en contra de un funcionario del Tribunal Supremo Electoral, no identificado, informó un comunicado de la Fiscalía: el «sentenciado aceptó su responsabilidad en la comisión de los delitos», y la pena otorgada es de dos años y seis meses de prisión, dijo el Ministerio Público, aunque en Guatemala las sentencias de cárcel pueden ser conmutables si son menores de cinco años.

Por este mismo caso que lleva el juez Orellana está acusado Arévalo de León, quien goza de inmunidad tanto por su actual puesto como diputado como también por la elección presidencial ganada.

El 1 de septiembre pasado, Arévalo de León advirtió que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura en enero.

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